Por Sergio Hernández M.

Alrededor de las 13:15 horas de ayer lunes, a las oficinas de la delegación Jalisco de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) llegó un empleado de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) del Gobierno de Jalisco con el logo de la dependencia en su camisola. Llevaba dentro de una bolsa de papel entreabierta una botella de tequila José Cuervo Reserva de la Familia 2010 y en una de sus manos un pequeño papel color rosa, un post it con el nombre de Adriana Rivera Cerecedo, quien debía recibir el encargo.

Ella es la titular de la sub procuraduría de Recursos Naturales de la Profepa quien minutos antes había terminado de atender a representantes de medios de comunicación de Jalisco en una rueda de prensa en la que se trataron dos temas de su directa responsabilidad: un decomiso de aves y el expediente de clausura de la Presa Los Panales donde se señala a la Seder por realizar la obra de forma ilegal en la zona selvática de Cabo Corrientes sin tener permiso de desmontar selva al construir el camino de acceso y la obra misma del embalse.

En la rueda de prensa la funcionaria federal daba a conocer una serie de reuniones con representantes del Gobierno de Jalisco realizadas en la Ciudad de México respecto a la clausura realizada el 22 de junio, esbozos del proceso administrativo y la noticia de que la Profepa por ahora no tiene la pretensión de dar parte a la Procuraduría General de la República, a pesar de que en la delegación Jalisco lo tenían muy claro y estaba a punto de hacer la denuncia correspondiente justo antes de que el expediente le fuera turnado a Rivera Cerecedo.

La sub procuradura de Recursos Naturales señala que si bien continúa el procedimiento administrativo que tendrá detenida la obra al menos por tres meses más, será hasta el final de este proceso cuando decidan si se configura un delito ambiental y argumenta definiciones jurídicas de “daño ambiental”, que no aparecen en el Código Penal, como condicionante para la intervención de la PGR.

“Si hay o no un daño ambiental eso es lo más importante porque es lo que te va a determinar si existe una conducta delictiva...nos vamos al tipo penal y habla de daño, al que dañe, entonces es lo que se tiene que determinar”, dijo la funcionaria en rueda de prensa ofrecida en las oficinas de la Profepa en Guadalajara.

- ¿El desmonte de vegetación no es daño?

“No propiamente, tiene que haber un peritaje en donde se establezca el tipo de daño que hay al medio ambiente, no a un tipo de vegetación en particular sino el daño que se provocó con ese desmonte al ecosistema en general, tiene que haber un peritaje que lo determine, por eso yo sería irresponsable en decirles 'sí, hay un daño', no puedo”.

En asuntos ambientales en los que interviene la PGR el peritaje lo realiza personal de la Profepa, por lo que es la dependencia que puede por un lado sancionar al Gobierno de Jalisco por el desmonte de vegetación sin tener el permiso correspondiente, imponiendo una multa que no puede superar los 2 millones 906 mil pesos, y por otro lado tomar la decisión de no considerar las violaciones penales.

A pesar de las palabras de la sub procuradora el Código Penal Federal en su artículo 418 señala lo siguiente:

“Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente:

I)  Desmonte o destruya la vegetación natural
II) Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles
III) Cambie el uso del suelo forestal

Existe la advertencia previa de la Dirección General Forestal y de Suelos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, hecha directamente al titular de Seder, Álvaro García Chávez, en el oficio de negativa del permiso de la presa, del 20 de enero de 2011, el cual dice de forma literal al funcionario de Jalisco:

“…realizar el cambio de uso de suelo en terrenos forestales sin contar con la autorización correspondiente para el desarrollo del proyecto denominado Presa Los Panales, con pretendida ubicación en el municipio de Cabo Corrientes en el estado de Jalisco, es una infracción a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y un delito ambiental de orden federal”, indica la última página del mencionado oficio.

Pese a lo anterior, la sub procuradora de Recursos Naturales de Profepa tiene su punto de vista:

“El procedimiento administrativo está abierto (en la Profepa), fue emplazado y estamos en el periodo de alegatos. Nos hemos reunido ya en dos ocasiones con el Gobierno del Estado para llevar a cabo en el mejor de los términos el procedimiento administrativo, concluirlo, y dentro de esa conclusión entonces el Gobierno del Estado tendrá que acudir ante la Semarnat a solicitar la autorización de Cambio de Uso de Suelo que es lo que le falta”.

¿Ya denunciaron ante la PGR el delito que está cometiendo la Conagua y el Gobierno del estado?

“No estamos haciendo esa situación porque se trata de una obra que tiene una Autorización de Impacto Ambiental, lo que le falta es la autorización de Cambio de Uso de Suelo. Hoy está suspendida la obra”, justificó.

“Nosotros vamos a agotar nuestro procedimiento administrativo, de ahí tomaremos decisiones sobre si existe o no comisión de delito, tiene que haber un daño ambiental, lo vamos a evaluar, pero en este momento no lo podemos determinar porque en este momento está en proceso nuestro procedimiento administrativo. Lo tenemos que concluir para tomar ese tipo de decisiones, ahora bien, fue negado el Cambio de Uso de Suelo porque el mismo Ordenamiento Ecológico local establece que en esa zona no se pueden llevar a cabo este tipo de construcciones. El Gobierno del Estado está haciendo una redistribución de sus zonas y hasta que esto suceda obviamente se llevarán a cabo las autorizaciones pertinentes. Nosotros, le permito, estamos en el periodo de alegatos, vamos a resolver conforme a derecho y a la conclusión de este procedimiento se evaluará el daño ambiental para proceder a ese delito si es que hay en su caso”.

En la delegación Jalisco de Profepa informaron que la funcionaria no aceptó la botella de tequila del empleado de Seder.

Mientras tanto la obra de la Presa Los Panales, que paga y supervisa la Comisión Nacional del Agua, sigue detenida.