Por Jorge Covarrubias y Sergio Hernández

Afectar una zona prioritaria para la conservación en el país, cometer delitos ambientales considerados así en el Código Penal Federal, pasar por encima de la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente y violar el Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco no le provoca remordimientos a Álvaro García Chávez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural de Jalisco.

En entrevista, el funcionario estatal acepta que se ha violado el estado de derecho desde el inicio de la obra de la Presa Los Panales, en la selva de Cabo Corrientes, pero a su juicio el embalse evitará que la gente de la región tome el camino de la delincuencia.

“Los Panales traía un problema (de una clausura) que quedó solventada, que fue un proceso en su momento muy cuestionado que yo sugería que por ningún motivo paráramos la construcción precisamente por esto. Cuando vemos una sequía atípica y perdemos año y medio por no tener esa agua almacenada, ¿qué será más importante, cumplir un requisito que tengo que esperarme ahí, o que se quede la actividad y que esa gente se dedique a la delincuencia porque definitivamente perdió todo lo que tenía?”, dijo en entrevista.

“Esa era el tipo de argumentos que había que tomar en esa decisión. Definitivamente nosotros arrancamos la construcción sin tener todo lo que nos pide la Semarnat, todo lo que nos pide impacto ambiental de cambio de uso de suelo (...) Ya afortunadamente todo eso quedó saldado, nos están sancionando obviamente con una multa que con todas las de la ley estaremos pagando, pero que sin embargo no voy a parar un proyecto de casi 600 millones de pesos para poder atender el cambio climatológico que se está dando con este tipo de sequías y la productividad de regiones completitas del estado que han pasado años y están abandonadas en el sentido de que a pesar de tener un clima maravilloso el no hacer inversiones de este tipo han generado migración, han generado delincuencia, han generado pobreza y pues eso no”.

Sobre el Río Tecolotlán, en Cabo Corrientes, se edifica la Presa Los Panales que abarcará 493 hectáreas, con una cortina de 78 metros de altura y una capacidad de almacenamiento de 82.84 millones de metros cúbicos con la que se busca soportar una zona agrícola de 6 mil 993 hectáreas.

La obra, que es financiada por la Comisión Nacional del Agua, comenzó a edificarse en enero de este 2011 sin que fuera autorizado el cambio de uso de suelo, por lo que Álvaro García Chávez, titular de Seder, fue advertido, mediante el oficio SGPA/DGGFS/712/0147/11 del 20 de enero de este 2011, que iniciar la presa implicaría cometer un delito contemplado en el artículo 418 del Código Penal Federal que dice:

Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prision y por equivalente de cien a tres mil dias multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilicitamente:

I Desmonte o destruya la vegetacion natural

II Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos arboles o

III Cambie el uso del suelo forestal.

El argumento para la negativa de los permisos ambientales de la Presa Los Panales por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) fue que el proyecto era incompatible con el Ordenamiento Ecológico Territorial de Jalisco ya que el ecosistema sería dañado de forma significativa, afectando el hábitat de especies de flora y fauna en riesgo de extinción, protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-Semarnat-2010, como el jaguar, que habita en esta zona de la selva de Jalisco, ecosistema considerado como uno de los mejor conservados del país.

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La presa fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) el 22 de junio, pero la Seder y la Conagua no quisieron detener la obra, hasta que el asunto fue dado a conocer en los medios de comunicación.

Luego de toda esta problemática, Álvaro García Chávez, titular de Seder, comentó en entrevista ofrecida esta semana, que la Profepa ya impuso una multa.

- ¿La multa que les están cobrando de cuánto es?

“No se, todavía no somos notificados pero seguramente serán dos o tres millones de pesos que vamos a tener que pagar y que ese mismo dinero, aunque va en una multa, lo que se hace es que se solicita la compensación para que ese dinero cumpla con un proceso de mitigación ya sea reforestando alrededor de donde va a estar el vaso, haciendo medidas que compensen los árboles que cortamos ahí para construir la presa, es un mecanismo que tiene ya la propia Semarnat”.